España está inmersa en una guerra de fronteras de la que no somos conscientes aunque esté financiada con los impuestos de los ciudadanos.
Se lucha en el sur: en Ceuta, Melilla, Mar de Alborán o Canarias.
Este conflicto hace que las víctimas de las fronteras no puedan acceder a derechos y a que no tengan mecanismos de protección institucional ante la violencia estructural de las fronteras.
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